Cinco Policías de Medellín y un civil fueron condenados por un juez penal luego de ser acusados ​​de exigir dinero a comerciantes que presuntamente violaban normas aduaneras. Los agentes estaban adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y las penas oscilan entre 8 años y 2 meses hasta los 10 años y 11 meses de prisión.

Patrulleros y un intendente de la Policía Nacional fueron sentenciados a la pena máxima, mientras que un subintendente y un civil también recibieron condenas significativas. Los hechos se remontan a mayo de 2018 y marzo de 2021, cuando los procesados, aprovechando su cargo en la Polfa, habrían exigido pagos de entre $500.000 y $1’500.000 para no retener mercancías presuntamente comprometidas en irregularidades con la administración de impuestos.

Evidencia contundente

La Fiscalía General fue la encargada de adelantar las labores investigativas. Las pruebas presentadas por el ente acusador fueron recolectadas por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín. Las pesquisas de la Policía Judicial también mostraron evidencias de que los datos personales de las víctimas fueron extraídos ilícitamente por los procesados de las guías de embarque que reposaban en las oficinas de una empresa de envíos.

La captura de los condenados se produjo en diciembre de 2021 por parte de uniformados de la Dijín de la Policía Nacional. Las penas impuestas deberán cumplirse en un centro penitenciario. Sin embargo, la decisión fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

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¿Cuál era el cargo de los Policías de Medellín condenados por extorsionar comerciantes?

Los agentes condenados estaban adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), entidad que tiene como misión la protección de las rentas y derechos aduaneros del país. Sin embargo, aprovechando su cargo, exigieron dinero a comerciantes que supuestamente violaban las normas aduaneras.

Las víctimas y sus mercancías

Los uniformados exigieron pagos a los comerciantes para no retener mercancías, presuntamente comprometidas en irregularidades con la administración de impuestos. Las pruebas presentadas mostraron evidencia contundente de que los datos personales de las víctimas fueron extraídos ilícitamente de las guías de embarque de una empresa de envíos.

En pocas palabras

  • La justicia colombiana actúa contra la corrupción policial y extorsión.
  • La Fiscalía General llevó a cabo una investigación sólida y presentó pruebas contundentes.
  • La Polfa tiene como misión proteger las rentas y derechos aduaneros del país y su reputación se ve afectada por el comportamiento ilegal de algunos de sus agentes.

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