En la segunda sesión del año del Comité departamental de Justicia Transicional, se aprobó hoy de manera unánime el Plan de Acción Territorial 2020, que es la hoja de ruta del gobierno de Antioquia para trabajar por los derechos de las víctimas y por la prevención de la vulneración de los derechos humanos de los líderes sociales.
Este plan de acción busca la focalización del gasto público, para la implementación de la Ley 1448 (Ley de Victimas), que para esta administración cuenta con un presupuesto de 1.4 billones, que se espera contribuya a la garantía de no repetición de las víctimas del conflicto en nuestro departamento. Contiene las herramientas que, en el marco del Comité Departamental de Justicia Transicional, le permite a la Gobernación definir las acciones, las estrategias, y las inversiones para los próximos 4 años, las cuales están calculadas en $1”482.071´166.135 (un billón cuatrocientos ochenta y dos mil setenta y un millones ciento sesenta y seis mil ciento treinta y cinco pesos).
“Antioquia tiene cerca de un millón 800.000 víctimas registradas, pensamos que esa es una inversión proporcional a la realidad de las víctimas, inclusive pensamos que, en el transcurso de la ejecución del plan de desarrollo, esa inversión puede aumentarse en los próximos años”, explicó el gobernador (e), Luis Fernando Suárez.
El plan de acción se extrae en sus grandes programas, estrategias, acciones e inversiones, del Plan de Desarrollo Departamental, Unidos por la Vida. El gobernador (e) destacó que lo más importante son las garantías de no repetición a las víctimas.
“Antioquia tiene que tener una gran apuesta por la reconciliación, por la no violencia, por la verdad, pero creemos que lo más importante es garantizarle a las víctimas la no repetición, que esas víctimas no vuelvan a ser víctimas, que nosotros como Estado les demos las condiciones de vivienda, de salud, de educación, de poder estar en el territorio, de empleabilidad, por qué no de formalización, de tener proyectos productivos, de ahí la importancia de ese componente en el Plan de Acción Territorial buscando esas garantías de no repetición”, expresó.
En la reunión se planteó la problemática que hoy viven los líderes y defensores de derechos humanos. Por eso se tuvo en cuenta el proceso social de garantías, con la participación el IPC con el fin de que compartieran un contexto de la realidad en los territorios y se instó a todos los actores del Comité Departamental de Justicia Transicional a generar acciones articuladas que permitan mitigar las violencias y desescalar las existentes contra los líderes y defensores.
En ese sentido, la estadística lamentablemente señala a Antioquia como el segundo departamento con más homicidios de defensores de Derechos Humanos.
El gobernador (e), Luis Fernando Suárez, insistió en que la vulneración de los derechos humanos principalmente de los líderes, es una realidad compleja y estructural. Las mayores afectaciones a los líderes se presentan en los territorios con presencia de estructuras criminales, donde hay presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal.
“Esto realmente dice que es un problema estructural y que para poder dar pasos hacia adelante en la protección de los líderes, debe haber un abordaje integral, interinstitucional, un abordaje desde todas las instancias, por eso es tan importante el trabajo de la mano del Gobierno Nacional en los programas de sustitución de cultivos, en los PDET, en las zonas estratégicas de intervención integral con una gran apuesta del Gobierno de Antioquia pero también con un trabajo interinstitucional de todas las instancias del Comité de Justicia Transicional”, añadió.
Luis Fernando Suárez – Gobernador (e) de Antioquia
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Por último, el gobernador (e) aseguró que hay que hacer un mayor esfuerzo para prevenir el asesinato de líderes sociales y en eso “Antioquia le apuesta a la protección de los líderes sociales”, pero reclamó más compromiso y acciones más decididas por parte de las distintas instancias del Gobierno Nacional.
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